Morena pone en riesgo inminente la realización del proceso de “revocación de mandato”, ordenado por el presidente de la República, debido a los fraudes cometidos en la recolección de firmas ¿A quién culparán por la anulación de firmas y no cumplimiento del requisito constitucional del 3% de firmas ciudadanas?
El INE, por medio de la Comisión de Quejas y Denuncias, puso al descubierto el “cochinero” que están llevando a cabo militantes de Morena, para alcanzar la meta y lograr recolectar más de 2 millones 700 mil firmas “legales”. En el camino vienen violando flagrantemente la Constitución, debido a múltiples trampas, así como por la participación inconstitucional de funcionarios públicos, existe la presunción de utilizar recursos públicos en su afán de cumplirle a López Obrador. La deshonestidad al descubierto ¿Así lograrían los triunfos en las padas elecciones?
De tal manera el INE declaró procedente la cancelación del registro de algunos auxiliares y promoventes en el proceso de “revocación de mandato”, por tramposos, imponiéndoles medidas cautelares a los infractores de la Constitución.
El PRD solicitó “cesara la participación de diputadas, diputados y personas servidoras públicas en la recolección de firmas, ya que, de forma previa a la emisión de la convocatoria respectiva, han desplegado acciones en todo el territorio nacional con la finalidad de presentar solicitudes para que se lleve a cabo el referido ejercicio, haciendo un presunto uso de recursos públicos”. Las pruebas evidencian la violación reiterada de la Constitución.
Ángel Benjamín Robles Montoya, Diputado Federal en funciones, Arturo Sosa Vázquez, Rocío Arcos Vergara y María Estefany Barrera Anzures, son servidores públicos. Por ello la Comisión otorgó la medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva, al demostrar que se trata de servidores públicos, quienes están impedidos a participar recabando firmas. La Constitución y la ley reglamentaria prevén la prohibición de la intervención, en todas las etapas del proceso, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, de las entidades federativas y de los Ayuntamientos. No hay excepciones. La desesperación y la costumbre de violar la ley, poco les ha importado ante la falta de interés ciudadano en acudir a estampar la firma para apoyar el proceso de “revocación de mandato”.
Debido a las pruebas presentadas, los miembros de la Comisión consideraron que, tanto el legislador como las personas servidoras públicas han tenido una participación activa en el proceso de “revocación de mandato”. Argumentaron que, en apariencia del buen derecho, se evitaría la intervención de personas funcionarias o servidoras públicas que pudieran influir en la decisión de la ciudadanía de que se realice el referido procedimiento.
Habida cuenta, ordenaron a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que, en un plazo que no podrá exceder de 12 horas, realice las acciones para dar de baja al tramposo diputado federal denunciado que actúa como auxiliar de la asociación civil Jóvenes Unidos Desarrollando Oaxaca, A.C. o bien, de cualquier otro promovente que lo hubiere registrado con ese carácter. También ordenaron que todos los registros de firmas de apoyo captados por el mañoso diputado sean catalogados como no válidos. De suerte tal que no cuentan, no se suman.
Para vergüenza, también ordenaron al fraudulento diputado Robles Montoya se abstenga en lo sucesivo de captar registros de firmas de apoyo para la solicitud de la “revocación de mandato”, mediante la aplicación móvil o formatos físicos ¡El diputado morenista debe sacar sus manos sucias del proceso!
El PAN solicitó la cancelación del registro de auxiliares y promoventes en el proceso de “revocación de mandato” por la supuesta presentación de apoyos de la ciudadanía apócrifos, así como por la realización de actos de difusión. La solicitud de medidas cautelares, bajo la figura de tutela preventiva, se consideró procedente, en apariencia del buen derecho, un grupo de auxiliares ha incurrido en irregularidades de manera reiterada y ya que han aportado a la autoridad electoral nacional apoyos con inconsistencias, las cuales, aparentemente, “no se tratan de errores o accidentes”, sino de un proceder sistemático encaminado a incrementar de modo artificial el número de firmas requeridas para el inicio de un proceso de “revocación de mandato”. El cinismo es la característica de los morenistas y su mentor López Obrador. El fraude maquinado al descubierto.
A virtud de la manipulación delictiva de los auxiliares morenistas, la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que, en un plazo que no podrá exceder de 12 horas, realice las acciones para dar de baja inmediata como auxiliares a Dirce Nallely Luna Lindoro, Graciela Ramírez Hernández, Jair Muñoa Urbina, promoventes de la Asociación Que siga el Presidente, y de la AC, Que siga la Democracia, a Gabriela Georgina Jiménez Godoy, Francisco Facio Moctezuma, Uriel Orozco Hernández, Sandra lrma Arce Castelazo, Adriana Calderón Rodríguez, Laura Núñez Toribio y Ricardo Giovanny Chavarría Mateo; y se inhabilite la recepción de apoyos procedentes de los dispositivos electrónicos registrados por los mencionados auxiliares. En toda la República replican las mismas trapacerías los de Morena. Es evidente que la ciudadanía no apoya el fraude de AMLO, por eso acuden a medidas extremas del fraude para alcanzar la meta. Más bajas de firmas apócrifas.
En esa virtud, los integrantes de la Comisión de Quejas ordenaron hacer del conocimiento de los tramposos y fraudulentos auxiliares los supuestos en los que el apoyo de la ciudadanía será clasificado como inconsistente ¡No son válidas esas firmas! Para el efecto de que se abstengan de incurrir en las mismas irregularidades.
Así las cosas, es muy probable que los tramposos y fraudulentos de Morena, no alcancen la meta de firmas o apoyos ciudadanos, que exige la Constitución y no se lleve a cabo el fraude promovido desde la Presidencia de la República, de la “ratificación” que anhela López Obrador. Sería lo ideal ¡No al fraude maquinado del presidente de la República! No soslayo que los proyectos y acuerdos fueron aprobados por unanimidad de los consejeros de la Comisión de Quejas y Denuncias, integrada por Claudia Zavala, Ciro Murayama y Adriana Favela, presidenta de la Comisión. Se escapó de ser sancionada la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, le fueron perdonadas sus trapacerías.
Al final, si López se sale con la suya, quedará manchado todo el fraudulento proceso. Y, en caso de no alcanzar el número d firmas, echará culpas al INE, de impedir el proceso “democrático de participación ciudadana”. Pero, habrá triunfado la democracia: No al fraude electoral. No habrá derroche de recursos públicos que rosan los 5 mil millones de pesos.
Héctor Parra Rodríguez