Las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, volvió a sentenciar, por enésima ocasión al Presidente de la República, al violar los principios constitucionales en materia electoral: equidad, imparcialidad y neutralidad.
Violaciones constitucionales en perjuicio de la oposición, beneficiando a su partido y a sus “corcholatas”.
A López Obrador poco le importa lo que resuelva el TEPJF, continúa en franca rebeldía; es más, públicamente se burla cuando, “payaseando” refiere que debe abstenerse de involucrarse en esos temas, porque lo pueden sancionar. Para luego continuar machacando en contra de cualquier opositor que se le cruce. Hace campaña con recursos públicos desde la Presidencia de la República.
Sabe bien que es inmune a los llamados de atención de las autoridades electorales; incluso si comete delito, está seguro que nada le va a pasar. Él continúa con su campaña político-electoral.
El jueves volvieron los magistrados a resolver en contra del Presidente de la República, así como de las “corcholatas”. le enmendaron la plana al INE, vía Comisión de Quejas y Denuncias, sobre 2 de sus acuerdos en los que aterciopeladamente resolvieron que ninguno había violado precepto alguno, por lo que no merecían llamadas de atención.
Los magistrados de la Sala Superior, decidieron lo contrario. E instruyen a la Comisión de Quejas y Denuncias, que vuelva a estudiar el caso de la “posible” violación de las “corcholatas” sobre la abierta y descarada campaña política que han emprendido en todo el territorio nacional.
Así las cosas, determinaron que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE no había cumplido con su deber de realizar un análisis preliminar de los hechos denunciados de manera individualizada para cada persona involucrada (cada una de las “corcholatas”), a partir las pruebas ofrecidas por los denunciantes, así como por las recabadas por la propia autoridad administrativa, a fin de que establezca la Comisión si, en apariencia del buen derecho, se justificaba la adopción de medidas cautelares. Nada en si que afecte el desarrollo de las campañas. Fueron los conminados los consejeros electorales a volver a estudiar y resolver, esta vez uno por uno, para determinar su en lo individual alguno de ellos está quebrantando las normas electorales. Veremos si son capaces de sancionar a Claudia Sheinbaum y al señor de los relojes de costo millonario, Adán López. Podemos adelantar que, a pesar de las evidencias que los incriminan como violadores de la ley y la Constitución, serán perdonados, si acaso conminados, una vez más, a portarse bien. Nada más.
Por eso ordenaron a la Comisión de Quejas y Denuncias emitir un nuevo acuerdo, en el que determinen si los hechos denunciados violentan el principio de equidad en la contienda y, de ser así, dicten las medidas necesarias para detener los actos o hechos que podrían constituir una infracción, con el propósito de evitar daños irreparables a los principios que rigen los procesos electorales. Los magistrados no quisieron revocar y sancionar; no, devolvieron el expediente para que, de nueva cuenta se adentren en el asunto resuelto.
El otro expediente se originó por la denuncia del PAN, presentada en contra de Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de Presidente de la República, por las manifestaciones expuestas en la conferencia matutina del 26 de junio pasado, en las que descalificó a los partidos de oposición y mostró su apoyo al partido Morena. AMLO lo hace a diario, pero en tratándose de asuntos litigiosos se precisan hechos consumados.
Así las cosas, el INE había determinado que AMLO ya había emitido pronunciamientos vinculados con temáticas electorales en las conferencias matutinas del 27 de marzo; 19 de abril; 9, 11, 15 y 24 de mayo (contumaz la conducta del violador), habiendo indicado que ya se le había conminado al infractor para que se ajustara a los parámetros constitucionales ¡Pero no lo hace! Literalmente le vale,
Por lo anterior, ordenaron que el titular del ejecutivo federal se abstuviera de emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, debiendo cuidar que su actuar se ajuste a los principios de imparcialidad y neutralidad. El cínico presidente, el director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, el coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, se inconformaron y acudieron ante la Sala Superior para que levantaran la llamada de atención. Los infractores volvieron a perder.
De tal suerte que los magistrados de la Sala Superior confirmaron el acuerdo impugnado, bajo el siguiente tenor: I. Es posible dictar medidas cautelares respecto de las manifestaciones denunciadas, porque la difusión de su archivo audiovisual y versión estenográfica se mantiene en el tiempo. II. La medida consistente en una abstención de pronunciarse sobre temas electorales se justifica en el posible riesgo de afectar los principios constitucionales de los procesos electorales, aun cuando estos no hubiesen comenzado. III. La medida no se dictó sobre hechos futuros, de realización incierta, dada la posibilidad de la reiteración de la conducta, ya que en diversas ocasiones se ha conminado al presidente a ceñirse al marco constitucional. A pesar de la claridad de la sentencia, AMLO y su gente continúan violando la ley. Basta observar y escuchar lo que ha hecho en las mañaneras durante una semana, diariamente fustiga a la senadora Xóchitl Gálvez, quien, por cierto, le revira con mayor certeza y fuerza los maltratos, que llegan a la calumnia; la senadora ya acusa a López de violencia de género. Se abrirá otra vertiente jurídica en contra del contumaz violador.
Para que no se queje el acosador, los magistrados consignaron que la medida no se trató de una censura previa, por la previsibilidad de la conducta (al ceñirse a la emisión de manifestaciones sobre temáticas electorales), así como el deber del servidor público de preservar la imparcialidad y neutralidad de los procesos democráticos.
Obviamente que AMLO no se ciñe a esos principios. Goza, disfruta violándolos, consciente de su conducta delictiva contumaz; se conduce violentando la Constitución y normas electorales.
Héctor Parra Rodríguez
