Desde lo municipal…
La nueva Ley de Participación Ciudadana en Querétaro representa, sin lugar a dudas, un avance significativo en términos de gobernanza. Al proporcionar a la ciudadanía los medios para incidir en las decisiones públicas, esta ley fortalece el tejido social y refuerza el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Es fundamental reconocer que estamos ante un nuevo escenario en el que la participación ciudadana no solo se entiende como un derecho, sino como una herramienta poderosa para consolidar una democracia participativa.
El siguiente paso tras la publicación de la ley será generar las condiciones y acuerdos necesarios para que, lo más pronto posible, los 18 ayuntamientos de Querétaro armonicen su reglamentación municipal con la nueva norma de Participación Ciudadana. Esto es crucial en el ámbito municipal, donde se presenta la mayor posibilidad de activar los mecanismos de participación directa.
A nivel municipal, la ley establece 10 mecanismos de participación. Entre ellos se encuentran el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, la consulta vecinal, el presupuesto participativo, los consejos de participación, la audiencia pública y el cabildo abierto. Estos instrumentos buscan abrir espacios reales de incidencia en las políticas públicas y la ejecución de proyectos en barrios, colonias y comunidades.
Un aspecto destacado de la nueva ley es la significativa reducción de los umbrales de firmas necesarios para activar estos mecanismos. Por ejemplo, en el municipio de Querétaro, antes se requerían 8,347 firmas para presentar una iniciativa ciudadana ante el Cabildo, ahora son suficientes 1,669; en Tequisquiapan, el umbral pasó de 587 a 117 firmas, y en San Joaquín, de 76 a solo 15.
Las cifras varían según la densidad poblacional de cada municipio, y las firmas de respaldo podrán ser recolectadas electrónicamente a través de una aplicación del Instituto Electoral del Estado, lo que simplifica enormemente el proceso.
Otro de los avances es que esta ley promueve un mayor diálogo entre la ciudadanía y sus autoridades. La posibilidad de realizar audiencias públicas con solo 100 firmas en los municipios más grandes, así como la de llevar a cabo consultas vecinales con el respaldo del 10% de la lista nominal de una sección electoral, son pasos significativos hacia una toma de decisiones más representativa y adaptada a las necesidades locales.
Además, el presupuesto participativo brinda a los ciudadanos la oportunidad de influir en el destino de los recursos públicos, desde obras hasta acciones que beneficien a sus comunidades. Por ello, es urgente regular este mecanismo a nivel municipal para que pueda ser implementado efectivamente el próximo año.
En honor a la verdad, la nueva Ley de Participación Ciudadana no es la panacea, pero tampoco podemos negar que es un gran avance que abre muchas de posibilidades. Es una norma que, si bien es perfectible, tiene potencial y en el camino de su implementación podrá irse evaluando y complementado.
Es necesario destacar el esfuerzo conjunto de más de 30 organizaciones de la sociedad civil con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del gobierno estatal, la Legislatura local y el Instituto Electoral de Querétaro. Esta colaboración ha demostrado la efectividad del diálogo para la construcción de acuerdos y la eficacia de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas.
Esa misma dinámica de generación de acuerdos debe trasladarse a los 18 ayuntamientos queretanos, para que con la misma eficacia se establezcan los puentes de diálogo necesarios para la creación de los reglamentos municipales de Participación Ciudadana, siempre respetando los contextos y características propias de cada municipio.
Es momento de abrir nuevas puertas de participación, priorizando las causas comunes: la defensa y progresividad de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el desarrollo integral.
Desde la ciudadanía, es urgente crear esquemas de divulgación para dar a conocer los alcances de la ley en todo el estado. Es crucial involucrar a las universidades, organizaciones de la sociedad civil y colectivos para que esta ley no quede como letra muerta, sino que se convierta en un motor de incidencia real.
@CesarZafra
