El manejo político y administrativo en torno a la cancelación de la presentación de Gabito Ballesteros en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro ha generado diversas interpretaciones sobre la actuación del presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán.
Por un lado, sectores críticos de la administración municipal y analistas locales señalan el contraste entre la aplicación del Reglamento de Espectáculos —cuyas sanciones económicas ingresarán a las arcas de El Marqués— y la postura reservada del alcalde tras el operativo que derivó en la intervención de la Fiscalía General de la República. Quienes cuestionan esta actitud argumentan que el silencio institucional busca evitar el desgaste político ante la opinión pública y deslindar al gobierno local de las repercusiones legales y de seguridad ocurridas fuera del escenario, capitalizando únicamente el aspecto recaudatorio y el cumplimiento normativo.
Por otro lado, desde la perspectiva institucional y de quienes respaldan la gestión del ayuntamiento, la actuación del municipio se limitó estrictamente a sus atribuciones administrativas mediante los inspectores de espectáculos, quienes aplicaron las reformas vigentes contra la apología del delito tras emitir las advertencias reglamentarias. Quienes defienden esta postura sostienen que, una vez concluida la intervención administrativa en el recinto ferial, el seguimiento de la detención y el aseguramiento del armamento corresponden exclusivamente a la Policía Estatal y a las instancias federales, por lo que la discreción del edil responde al respeto de las competencias legales de cada orden de gobierno para no interferir en una investigación en curso.




