Acordeones, berrinches y camionetas de lujo: la Corte del pueblo al servicio del poder
La reforma al Poder Judicial aprobada en México entre 2024 y 2025 quedará marcada no solo por su alcance, sino por el daño que ha causado al equilibrio democrático. Bajo el discurso de combatir la corrupción y “democratizar la justicia”, se impulsó un cambio que en los hechos desmanteló uno de los últimos frenos reales al poder político.
El problema central no es solo la elección popular de jueces, magistrados y ministros, sino lo que vino con ella: el reemplazo de la capacidad técnica y la experiencia jurídica por la lealtad y la subordinación política. Hoy es evidente que varios integrantes del Poder Judicial no cumplen con el perfil de idoneidad que exige un cargo de esa magnitud. Sus trayectorias están marcadas por sospechas de nepotismo, conflictos de interés e incluso señalamientos de plagio para obtener títulos profesionales. La justicia dejó de premiar el mérito y comenzó a recompensar la cercanía con el poder.
La consecuencia era previsible y, para sorpresa de nadie, ya ocurrió. Todas las resoluciones relevantes de la Suprema Corte desde la llegada de los nuevos ministros han favorecido al gobierno de Morena. No hay disenso, no hay contrapeso, no hay autonomía real. De facto, los mexicanos hemos perdido el entramado jurídico e institucional que durante décadas protegía nuestros derechos frente al Estado. Cuando el árbitro juega para un solo equipo, el resultado deja de importar.
A esto se suma el origen viciado de la reforma. La mayoría calificada que permitió cambiar la Constitución no nació de un consenso social amplio, sino de una sobrerrepresentación legislativa histórica. Con poco más de la mitad de los votos, Morena y sus aliados se apropiaron de una mayoría aplastante en el Congreso. El INE y el Tribunal Electoral validaron esta distorsión y cerraron la puerta a una discusión de fondo. Así, una mayoría inflada rediseñó las reglas del país.
El proceso tampoco estuvo libre de sombras. Hubo denuncias de presiones a senadores de oposición, uso político de fiscalías, expedientes judiciales selectivos y versiones de ofertas económicas. Aunque muchas no llegaron a tribunales, el solo hecho de que resulten creíbles habla del deterioro institucional. Una reforma nacida bajo sospecha difícilmente puede presentarse como un avance democrático.
Nada de esto ocurre en el vacío. Controlar los poderes de la República, eliminar contrapesos y manipular la ley para permanecer en el poder es parte del manual de los regímenes autoritarios. En ese contexto preocupa la reforma electoral que Claudia Sheinbaum y su partido han anunciado y que, por sus propias palabras, pondría reglas y árbitros bajo control del gobierno.
Este debilitamiento interno coincide con un entorno externo más hostil. La presión política de Donald Trump sobre México en migración, seguridad y comercio vuelve a crecer. La diferencia es que hoy México llega con instituciones frágiles y una justicia alineada.
Un país sin contrapesos reales es más fácil de presionar desde fuera y menos capaz de defender su soberanía.
México no necesitaba una justicia sometida, necesitaba una justicia fuerte. Hoy tiene lo contrario. Y sin contrapesos ni árbitros confiables, la democracia deja de ser un sistema de reglas y se convierte en una simulación cuyo costo siempre termina pagando la sociedad.
