La persistente impertinencia del presidente de la República, pone en riesgo el sistema de equilibrio entre los Poderes de la Federación, al violentar diversos juicios de amparo, habida cuenta por seguir con los trabajos de construcción del Tren Maya.
La argucia del presidente: calificar de seguridad nacional los trabajos de construcción ¿Cómo se le ocurre semejante violación a las suspensiones de amparo?
Bien sabe López Obrador, que a él no le pasará nada por ordenar la violación de las resoluciones emitidas por autoridades del Poder Judicial Federal. Lo ha hecho desde que fue gobernador del Distrito Federal, de ahí que no le importe violar una vez más disposiciones emanadas de juicios de amparo promovidos por colectivos que han visto violados los derechos humanos y garantías individuales.
López Obrador, simplemente emite una orden para, caprichosamente, determinar que la obra debe ser considerada de seguridad nacional, motivo por el cual, ninguna autoridad puede detenerla. Al menos eso piensa su rupestre cerebro. Aquellos que se atreven a desafiarlo y conceder amparos, como el juez Juan Pablo Gómez Fierro, pública y oficialmente amenaza para que se investigue a esos jueces; el presidente actúa cual poderoso delincuente.
Antes lo hizo (violentar las normas) por medio de otro acuerdo dirigido a diversas secretarías a su cargo, para que no cumplieran con las leyes y basaran sus acuerdos en la orden administrativa. La disposición fue declarada inconstitucional. Obvio, un acuerdo administrativo no puede eximir del cumplimiento de una ley. Así el presidente pretendió agilizar los trámites en la realización de sus obras, simplemente tenían que basarse en la orden del presidente de la República. Los caprichos antes que el Estado de Derecho.
Por la pésima planeación del trazo de la obra, los cambios de ruta, la destrucción de la selva, los daños a la naturaleza, por el ecocidio, los juicios de amparo, las ilegales expropiaciones que después no operan por los cambios, las supuestas indemnizaciones a los afectados, por todo ello, la obra se ha ido retrasando varios meses.
La desesperación del presidente, una vez más, lo llevan a tomar medidas abusivas, draconianas que violentan juicios de amparo, suspensiones provisionales y definitivas. Total, se inventa la declaración de seguridad nacional y cree poder abusar del derecho en perjuicio de terceros y en franca confrontación al Poder Judicial de la Federación.
La protección del fuero del que goza, disfruta y abusa AMLO, no se extiende a las empresas y empresarios que ejecutan los trabajos de la obra del Tren Maya. Así que, es inminente que sean acusados por desacato, ello implica la comisión de un delito federal. Los jueces deben proceder, es obligación.
Nuevamente volverán a meter en problemas al prepotente, abusivo e inútil de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, frente a él, la autoridad jurisdiccional solicitará la persecución del delito y de los delincuentes.
Ni Pío López Obrador, se ha podido librar de esa persecución cuando fue denunciado por la comisión de varios delitos al recibir dinero ilegalmente que luego entregó al hermano Andrés López. El Fiscal que tomó en sus manos el proyecto del no ejercicio de la acción penal, no le aceptaron la descarada ayuda en favor del hermano del presidente de la República. Al menos sigue con la zozobra Pío López, ya que continuarán las investigaciones, para que se enfríe la acusación, dado que también le resulta responsabilidad al mismo Andrés López Obrador, beneficiario del dinero que ilegalmente recaudaban.
El ejemplo se aplica en el caso de la obra del Tren Maya, todo aquel que violente la suspensión corre el riesgo de ser denunciado y perseguido por la acción de la justicia federal por violar resoluciones de suspensión. El presidente abogará por ellos, a fin de cuentas, corresponde al mismo Poder Ejecutivo, coadyuvar con la autoridad jurisdiccional para hacer cumplir las resoluciones judiciales.
Por eso el presidente de la República, confronta y ridiculiza al Poder Judicial de la Federación. Burla la justicia con el argumento de declarar y ordenar se califique la obra con la naturaleza de seguridad nacional, obra que nada tiene que ver con ello, basta leer la redacción constitucional para llegar a la conclusión de otro abuso más de AMLO en ejercicio abusivo de sus funciones como presidente.
El peligro se cierne sobre los empresarios y constructores. Veremos de qué tamaño tiene el valor para hacer respetar sus resoluciones el Poder Judicial o si muestra una vez más la sumisión al Poder Ejecutivo.
Por cierto, desde el 15 de marzo pasado, AMLO pidió a su compinche, el ministro Arturo Zaldivar Lelo Delarrea, investigara al Juez Gómez Fierro, por conceder amparos. Hasta hoy no se sabe nada del resultado de la “investigación”. El 18 de julio volvió con la amenaza de investigar a todos los jueces que concedan amparos en su contra.
Héctor Parra Rodríguez
