Por Waltter López
Vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico
Hoy, 5 de febrero de 2026, se conmemora el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el pacto fundacional que dio forma al Estado mexicano moderno. No es una fecha menor ni un acto protocolario: es el recordatorio de que este país se construyó a partir de una revolución social y de un acuerdo político que buscó poner límites al poder y ampliar derechos, no concentrarlos.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acude a Querétaro y, como cada año, los Poderes de la Unión se reunirán en el Teatro de la República. Se evocará, una vez más, el relato oficial de que, tras la Revolución Mexicana y la Decena Trágica —la llamada Tercera Transformación nacional—, México logró encauzar su destino mediante un nuevo pacto federal. Ese pacto permitió, con todos sus claroscuros, construir instituciones, equilibrios y reglas del juego que hicieron posible atravesar buena parte del siglo XX sin caer en el autoritarismo absoluto ni en el colapso del Estado.
Pero hoy ese legado está en disputa.
En 2026 estamos ya en el octavo año de la autodenominada Cuarta Transformación y el país vive una ofensiva acelerada de reformas constitucionales que han reconfigurado, debilitado o directamente desmantelado instituciones clave creadas para limitar el poder y garantizar derechos. Bajo el discurso del “cambio histórico” se han normalizado la concentración de facultades, la erosión de contrapesos y la descalificación sistemática de toda crítica como traición o conservadurismo.
En este escenario, México espera conocer la Reforma Electoral Federal que la presidenta Sheinbaum presentará en breve al Congreso de la Unión. No se trata de una reforma técnica más, sino de una definición de fondo sobre el tipo de democracia que queremos: una con reglas claras, árbitros autónomos y pluralismo real, o una democracia cada vez más administrada desde el poder. Por ello, la visita presidencial a Querétaro no puede reducirse a un ritual cívico; exige mensajes claros, responsables y comprometidos con el interés público.
Más aún cuando, desde el exterior, resurgen amenazas conocidas. Las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, celebrando sin pudor otro aniversario de la invasión estadounidense de 1846-1848 —que culminó en el despojo de más de la mitad del territorio nacional—, no son simples exabruptos. Son recordatorios de que México sigue siendo visto, por algunos, como un país prescindible. Frente a ello, se requiere una respuesta republicana, firme y unitaria del Estado mexicano, no silencios incómodos ni gestos tibios.
El contexto internacional no admite ingenuidades. En el Foro Económico Mundial de Davos, el primer ministro canadiense Mark Carney advirtió que vivimos un cambio de carácter civilizatorio y que el orden multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial está en ruptura. En un mundo así, los países que debilitan sus instituciones y erosionan sus consensos internos se vuelven más vulnerables, no más fuertes.
Por eso, hoy, desde el Teatro de la República, no bastan los discursos solemnes ni las frases aprendidas. La República debe hablar con claridad, con firmeza y con visión de Estado. Debe decir hacia dónde va y bajo qué reglas. Debe comprometerse, sin ambigüedades, con la defensa del Estado constitucional, de la división de poderes, de los derechos humanos y del carácter laico del Estado.
México no es una isla ni un feudo. Es una nación norteamericana y latinoamericana a la vez, llamada por su historia y su geografía a ser un puente entre regiones, culturas y economías. Y los puentes no se dinamitan ni se usan para imponer, sino para conectar, permitir el tránsito y sostener el encuentro. Hoy más que nunca, conviene recordarlo y exigirlo.
