No extraña, definitivamente no es para nada raro que Martín Jiménez, el excandidato de Morena a la alcaldía de Tolimán, se encuentre camino a ser incluido en el Registro Nacional y Estatal de personas sancionadas por violencia política en razón de género.
De acuerdo a lo vertido en algunas notas, Jiménez Ramos tampoco podrá postularse para algún cargo de elección popular dentro de los siguientes 5 años, es decir, en 2027 podremos volver a verlo en las andadas, pero al menos para el 2024 tendrá que guardar silencio. Conociendo a Martín, seguro se hermanará con el mismo mefistófoles para participar desde las sombras dentro de 3 años. Es adicto al poder. Si este fuera polvo, hasta de talco de calzado lo usaría.
Su historial en la zona es por demás conocido por los habitantes. En el 97 armó una desbandad de priistas para irse al PRD. En el 2003 fraguó una tormentosa «resistencia civil». En el 2006 ganó su única elección y la aprovechó para echar balazos dentro de las instalaciones de la Presidencia. En el 2015 violentó urnas en Sabino de San Ambrosio.
Ya ni hablar de la “misteriosa” filtración de imágenes que, dicen, soltaron en el 2018 para lastimar a la candidata del PAN. Hoy la ley Olimpia hubiera perseguido y sancionado a los responsables de aquella bajeza. En ese tipo de actos se distingue cuando la masa gris se disloca.
Así las cosas con el otrora candidatazo de Morena en el pasado proceso electoral. Creyó que en pleno 2021 podía continuar regando el tepache a la hora de hacer política. Sin embargo la realidad se impone. En este umbral democrático sobre el que aún caminamos ha tenido ciertos ajustes, de tal forma que las añejas y agrias formas de ejercitar la grilla ya no tienen cabida. Son vomitables hasta el cansancio cuando la narrativa se carga sobre señalamientos basados en el genero.
Veremos pues si se rompe la milenaria regla que asegura que un chango viejo no aprende maroma nueva.
PARA EL CIERRE
En la columna de ayer lunes señalamos y acusamos la inmovilidad de los oficiales del municipio de Corregidora que, de acuerdo con las versiones de algunos miembros de medios, fueron “publico espectador” cuando habitantes de un fraccionamiento retuvieron ilegalmente a un reportero local que cubría el hallazgo de unos cuerpos.
La versión, nos comentan, pudo haber sido distinta. Que sí fueron habitantes los que se hicieron de palabras con el reportero, pero esos vecinos eran familiares de los occisos, por lo que sintieron vulnerado su dolor personal del momento cuando el reportero pretendía levantar material fotográfico. «Insistía en tomar imágenes de los cuerpos», nos indicaron.
Que los oficiales sí estaban presentes pero se hallaban realizando los protocolos de acordonamiento para evitar la contaminación de la escena de un posible delito.
Con ambas versiones la realidad se torna más clara.
DIEGO PARRA GARCÍA
@LaEspadaDeSanti
