Recientemente publiqué una pregunta en redes sociales dirigida a personas que viven en Querétaro: “¿Cuál es su principal preocupación sobre el futuro de sus familias en el estado?”. Las respuestas fueron diversas y previsibles en muchos sentidos: agua, movilidad, crecimiento urbano, costo de vida y seguridad. Pero hubo una percepción que apareció repetidamente por encima de las demás: el temor a que Morena gobierne Querétaro.
Más allá de simpatías partidistas, vale la pena detenerse en ese fenómeno. Porque sí una parte importante de la ciudadanía está asociando el futuro cotidiano de su familia con la incertidumbre política, el debilitamiento institucional o pérdida de estabilidad, el asunto deja de ser solamente electoral para convertirse en un problema de confianza pública.
Y justamente ahí se encuentra hoy uno de los principales desafíos políticos de Morena en Querétaro.
No únicamente por la fortaleza de sus adversarios locales, sino por la percepción nacional del movimiento y cómo ha cambiado durante los últimos años, algo lque inevitablemente impacta también a sus estructuras estatales.
Después de dos gobiernos federales consecutivos encabezados por Morena, una parte considerable de la sociedad mexicana percibe un deterioro progresivo de contrapesos institucionales, organismos autónomos y mecanismos de equilibrio democrático. La creciente concentración de poder político de la 4T ha generado preocupación en sectores sociales, empresariales y académicos que consideran que el país atraviesa una etapa de debilitamiento institucional y reducción de certidumbre jurídica.
Y el problema para Morena y sus partidos aliados es que, al mismo tiempo, muchos ciudadanos no perciben que esa concentración de poder se haya traducido en una mejora proporcional en seguridad, justicia, salud, educación o combate a la corrupción.
Por el contrario, la violencia criminal continúa ocupando una parte central de la conversación nacional. La impunidad sigue siendo elevada. El sistema de salud enfrenta cuestionamientos constantes. Y diversos episodios políticos y judiciales han alimentado la percepción de opacidad, polarización y desgaste institucional.
Los escándalos y cuestionamientos a distintos personajes vinculados al oficialismo que han sido objeto de investigaciones, señalamientos o presiones internacionales relacionadas con presuntos vínculos criminales o redes de corrupción les están cobrando facturas. Independientemente de los desenlaces legales de cada caso, el impacto político y reputacional existe.
Y en Querétaro, donde históricamente una parte importante de la ciudadanía ha privilegiado estabilidad, orden institucional y crecimiento económico, ese contexto nacional pesa.
La ciudadanía difícilmente separa por completo a Morena nacional de Morena estatal.
Morena Querétaro ha intentando construir competitividad rumbo a 2027, el partido a pesar de que muchos ciudadanos asocian al movimiento no solamente con cambio político, sino también con confrontación permanente, polarización y deterioro institucional.
Esa percepción se ha profundizado además por distintos episodios locales ocurridos durante los últimos años.
En prácticamente cada conflicto político o social relevante —manifestaciones, bloqueos, protestas o confrontaciones públicas— han aparecido militantes, operadores o actores políticamente vinculados a Morena participando activa o indirectamente en la movilización pública. Aunque eso forma parte natural de la disputa política contemporánea, también ha contribuido a consolidar una percepción negativa en sectores de la ciudadanía queretana que observan con preocupación cualquier escenario de inestabilidad.
Algo similar ocurrió con episodios como el bloqueo de la carretera 57, las disputas alrededor del abastecimiento de agua o diversas protestas convertidas rápidamente en confrontación político-electoral. Más allá de las responsabilidades específicas de cada actor, el resultado político ha sido evidente: Morena se percibe por una parte de la opinión pública más asociado al conflicto que a la estabilidad.
Y justamente ahí aparece uno de los mayores contrastes políticos rumbo a 2027.
Mientras Morena carga con el desgaste acumulado del poder federal y con una narrativa nacional marcada por polarización, Querétaro continúa proyectando una imagen sólida en temas como inversión, industria, crecimiento económico, cooperación internacional y gobernabilidad.
El gobierno encabezado por Mauricio Kuri González ha construido su narrativa pública alrededor de estabilidad institucional, atracción de inversiones y certeza jurídica. Y aunque ningún gobierno está exento de errores, los análisis de opinión revelan que la ciudadanía sigue percibiendo a Querétaro como uno de los estados que mejor ha logrado conservar condiciones de orden y desarrollo frente al deterioro nacional.
Precisamente por eso, el rechazo que Morena enfrenta en amplios sectores queretanos no parece derivar solamente de diferencias ideológicas. En muchos casos proviene de algo más profundo: el miedo a perder un modelo de estabilidad que ha dado buenos resultados y es funcional.
La discusión política y social rumbo a 2027 probablemente no será únicamente partidista o ideológica. Será emocional, institucional y práctica al mismo tiempo.
¿Qué fuerza política transmite mayor confianza sobre el futuro cotidiano de las familias? ¿Quién genera mayor percepción de estabilidad, seguridad y certidumbre? ¿Qué modelo parece más capaz de preservar las condiciones económicas y sociales que distinguen actualmente a Querétaro de otras regiones del país?
Sin embargo, existe otro elemento igual de relevante: la creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones electorales nacionales.
Durante años, amplios sectores sociales defendieron la autonomía y credibilidad del sistema electoral mexicano como uno de los pilares más importantes de la transición democrática. Pero las tensiones políticas recientes, las reformas impulsadas desde el poder federal y la percepción de creciente influencia partidista sobre organismos electorales y tribunales han provocado que una parte de la ciudadanía observe hoy el proceso electoral con mayor desconfianza.
Esa percepción puede debatirse. Pero políticamente existe.
Y precisamente por eso, la principal garantía democrática no puede depender exclusivamente de instituciones, partidos o autoridades. Depende también de la participación ciudadana.
La única defensa real contra posibles irregularidades, abusos de poder, presiones políticas o actuaciones parciales sigue siendo una ciudadanía activa, organizada y vigilante antes, durante y después de cada proceso electoral.
No solamente votando, sino observando, documentando, participando y exigiendo transparencia.
Al final de cuentas, la estabilidad institucional y democrática de Querétaro no dependerá únicamente de quién gane una elección. Dependerá también de qué tan dispuesta esté la propia sociedad queretana a involucrarse en la defensa de sus instituciones, sus libertades y su futuro.
Hoy, al menos en términos de percepción pública, Morena enfrenta enormes dificultades para convencer a buena parte de esa sociedad de que tiene perfiles competitivos y confiables que representen una alternativa capaz de ofrecer esa certeza.
