Ayer miércoles 1 de abril concluyó el periodo de la Mesa Directiva presidida por la diputada Ginna Guzmán. Pero no solo terminó un ciclo legislativo: también se agotó la paciencia de amplios sectores de la ciudadanía organizada.
Cuatro movimientos que llevan años construyendo propuestas y defendiendo derechos en Querétaro —el Movimiento por la Movilidad Segura, el Movimiento Trans-No Binarie, el Movimiento Feminista y el Movimiento por el Agua— coincidieron en algo fundamental: sus iniciativas siguen congeladas en la LXI Legislatura, a pesar de los acuerdos políticos que comprometían su dictaminación en comisiones. Acuerdos que, una vez más, no se cumplieron.
Ante ello, activistas de estos movimientos decidimos asistir al cambio de Mesa Directiva para manifestar, de manera pacífica, nuestra inconformidad. No contra una persona en particular, sino contra una práctica sistemática: la dilación institucional desde la Dirección de Servicios Parlamentarios, que ha operado como un dique burocrático frente a las iniciativas ciudadanas.
Pero lo ocurrido fue aún más grave y revelador. Al llegar a lo que las diputaciones llaman “la casa del pueblo”, se nos negó el acceso. Sí, al pueblo. A quienes, sin recibir un peso, hemos invertido tiempo, esfuerzo y capacidad técnica en construir propuestas legislativas junto a diputaciones aliadas. A quienes hemos “arrastrado el lápiz” para que los derechos avancen en este estado.
La escena fue elocuente y profundamente simbólica: un Poder Legislativo encapsulado, sesionando a puerta cerrada, mientras la ciudadanía queda afuera. La llamada “Casa del Pueblo” convertida en un espacio excluyente, distante y ajeno a las causas que dice representar.
Y entonces, la liga se rompió.
Porque en Querétaro ya existe una Cuarta Hélice: la ciudadanía organizada. Una ciudadanía que no se vende por 13 monedas, que no negocia sus derechos en lo oscuro y que está cada vez más preparada para incidir en la vida pública. Una ciudadanía que no pide favores: exige derechos.
Querétaro, por muy libre y soberano que se proclame, no es una isla. Forma parte de un pacto federal que obliga a armonizar su legislación con los estándares nacionales. Ahí están los pendientes: la ley de movilidad segura, la ley de aguas, el derecho a decidir, el reconocimiento de la identidad de género. En todos ellos, esta Legislatura ha optado por el rezago y la omisión, colocándonos en los últimos lugares del país.
La LXI Legislatura debe entender lo que desde su origen era evidente: su integración plural no fue un accidente, fue un mandato ciudadano. Y ese mandato implica dialogar, cumplir acuerdos y legislar de cara a la gente, no esconderse tras procedimientos burocráticos diseñados para frenar lo inevitable.
Hoy, la ciudadanía organizada se asume plenamente como esa Cuarta Hélice. Y desde ahí, exige el cumplimiento irrestricto del artículo 1° constitucional: la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos.
No vamos a claudicar.
Y en esta Semana Santa, mientras desde el poder se escenifican rituales de fe, convendría recordar que las traiciones, las negaciones y los silencios también tienen consecuencias. Porque cuando se le da la espalda al pueblo, no hay resurrección política que alcance.
