Tras la mesa de trabajo de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030, Querétaro se perfila para construir un nuevo dictamen que concilie la seguridad jurídica con el reconocimiento pleno de los derechos humanos de la población trans y no binaria.
El análisis de la Comisión de la Agenda 2030
El pasado 24 de junio, la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, presidida por el diputado Eric Silva, e integrada también por la diputada Georgina Guzmán y el diputado Arturo Maximiliano García, convocó a organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas, para analizar las observaciones realizadas por el gobernador Mauricio Kuri a la reforma en materia de Derecho a la Identidad de Género.
La reunión representó un momento relevante dentro de un proceso legislativo que ha generado un amplio debate público desde que el dictamen elaborado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, presidida por el diputado Guillermo Vega, fue aprobado primero en comisión y posteriormente por el Pleno de la Legislatura durante el pasado mes de abril.
Seguridad jurídica y el reconocimiento de derechos
Más allá de las diferencias jurídicas y políticas que han acompañado esta discusión, existe un elemento particularmente significativo en las observaciones formuladas por el titular del Poder Ejecutivo. En el último párrafo de su documento, el gobernador expresa de manera explícita una postura clave:
“El Poder Ejecutivo no desconoce el derecho a la identidad de género autopercibida ni el libre desarrollo de la personalidad. Lo que plantea es la necesidad de que el mecanismo registral correspondiente garantice seguridad jurídica, operatividad administrativa, coordinación institucional y protección integral de los derechos humanos.”
Este reconocimiento modifica sustancialmente el escenario político. La discusión ya no gira en torno a la existencia o inexistencia del derecho, sino a la construcción del mecanismo jurídico y administrativo que permita hacerlo efectivo en Querétaro.
Bajo esa premisa, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030, junto con representantes de organizaciones y colectivos presentes en la mesa de trabajo, coincidieron en la conveniencia de elaborar un nuevo dictamen que incorpore las observaciones planteadas por el Ejecutivo estatal, sin renunciar al objetivo central de la reforma: garantizar que las personas mayores de edad puedan acceder al reconocimiento de su identidad de género mediante un procedimiento administrativo.
De la confrontación al consenso institucional
De concretarse esta ruta legislativa, Querétaro podría transitar de una etapa de confrontación política a una etapa de construcción de consensos. La posibilidad de contar con un nuevo dictamen abre una ventana de oportunidad para que diputadas y diputados que anteriormente manifestaron reservas o votaron en contra de la propuesta original puedan respaldar una redacción que atienda las preocupaciones expresadas durante el debate.
También representa una oportunidad para que el Poder Ejecutivo acompañe la solución legislativa y permita la publicación de una reforma que responda tanto a los principios de seguridad jurídica como al reconocimiento pleno de los derechos humanos.
Después de años de discusión, litigios, movilización social y construcción de acuerdos, Querétaro se encuentra ante la posibilidad de saldar una deuda histórica con la población trans y no binaria que vive, trabaja, estudia y contribuye al desarrollo de nuestro estado.
El desafío ya no parece ser determinar si existe el derecho. El verdadero reto consiste en construir los consensos políticos e institucionales necesarios para hacerlo realidad; recordando que esta reforma no “crea” el derecho ni inicia los trámites de identidad de género, pues miles de personas trans en México ya han ejercido ese derecho durante más de una década en otras entidades federativas. Lo que está en discusión es si Querétaro seguirá obligando a sus habitantes a salir del estado para ejercer un derecho que ya les reconoce el marco constitucional y jurisprudencial mexicano.
