Reforma judicial en Querétaro: cumplir… pero no tropezar
Hay reformas que nacen de la convicción. Y hay otras —digámoslo sin eufemismos— que nacen de la obligación. La del Poder Judicial en Querétaro pertenece, sin demasiado margen de duda, a la segunda categoría.
No por falta de talento local —que lo hay, y de sobra—, ni porque el sistema de justicia queretano estuviera en crisis (más bien al contrario), sino porque desde el centro del país se decidió que la justicia debía someterse a un experimento de corte democrático: elegir jueces por voto popular.
Y cuando la Constitución federal llama, los estados no deliberan: acatan.
Querétaro, en consecuencia, hizo lo que tenía que hacer: armonizar su marco legal. Pero —y aquí empieza lo interesante— no lo hizo con entusiasmo ciego, sino con una combinación poco frecuente en estos tiempos: prudencia, reservas y, en algunos casos, abierta preocupación.
Porque una cosa es cumplir… y otra muy distinta es aplaudir.
La reforma que no unió ni a los suyos
La aprobación no fue tersa ni por accidente. Hubo debates, tensiones y reclamos sobre mayorías que alcanzaban… o no alcanzaban. Lo habitual cuando lo que está en juego es algo serio.
Pero hubo algo más revelador: las fracturas internas de la propia 4T.
Mientras hacia afuera se sostenía el discurso de la transformación, hacia adentro el bloque oficialista exhibía fisuras difíciles de ocultar:
Diecinueve votos a favor, cinco en contra y una abstención.
Diputados de Morena votando contra su propia bancada.
Señalamientos de que el dictamen no representaba una transformación real.
Y, por supuesto, la narrativa de control de daños: no hay ruptura, dicen. Como en toda familia que niega la discusión aunque el portazo haya retumbado en toda la casa.
Pero los hechos —siempre menos disciplinados que los discursos— apuntan en otra dirección: ni siquiera dentro del oficialismo hay consenso sobre el modelo judicial que se impulsa.
Y tratándose de justicia, eso no es un detalle menor: es el fondo del problema.
Democratizar la justicia… en teoría
La premisa suena impecable en plaza pública: si elegimos gobernantes, ¿por qué no elegir jueces?
El problema comienza cuando la lógica electoral se enfrenta con la complejidad técnica.
Porque entonces surgen preguntas incómodas:
¿Con qué criterios evalúa un ciudadano promedio a un juez?
¿Se votará por trayectoria jurídica… o por eficacia en campaña?
¿Habrá debates, spots, promesas judiciales?
La escena, llevada al extremo, roza lo absurdo:
“Candidato a magistrado: sentencias más rápidas, más justas y, si se puede, más baratas”.
Ahí es donde la idea empieza a perder consistencia.
Los primeros costos del experimento
No hace falta proyectar demasiado. A nivel federal, las señales ya están sobre la mesa.
Conflictos entre instituciones judiciales que deberían ser contrapesos, no adversarios.
Inquietud en los inversionistas, poco entusiasmados con la politización de los tribunales.
Y un golpe directo a la carrera judicial: jueces removidos, trayectorias desechadas, experiencia sustituida por incertidumbre.
A eso se suma un detalle nada menor: organizar elecciones judiciales no es sencillo. Tan no lo es, que ya se habla de posponerlas.
Un experimento que, antes de arrancar del todo, ya muestra fisuras.
Querétaro: cumplir, pero con reservas
Frente a ese panorama, Querétaro optó por una ruta menos estridente y más sensata: cumplir, sí; improvisar, no.
Se incorpora la elección de jueces, porque no había alternativa real.
Pero, al mismo tiempo, se refuerzan mecanismos que no dependen del ánimo electoral:
Mediación, para evitar que todo termine en juicio.
Justicia alternativa, para despresurizar tribunales.
Justicia cívica, para acercar soluciones al ámbito local.
En otras palabras: mientras el modelo federal apuesta todo a una sola carta, Querétaro diversifica.
No es menor la diferencia.
El riesgo de confundir democracia con improvisación
Conviene subrayarlo: Querétaro no partía de un sistema fallido. Al contrario, su modelo de justicia ha sido, consistentemente, uno de los mejor evaluados del país.
De ahí que la crítica de fondo al modelo progresista no sea ideológica, sino práctica: confundir democratización con improvisación.
Porque elegir no garantiza elegir bien.
Y menos cuando lo que está en juego exige conocimiento técnico, experiencia y criterios que no caben en una boleta.
La justicia no debería depender de la popularidad.
Lo que aún no cuadra
Incluso con el enfoque prudente del estado, quedan preguntas abiertas:
¿Quién define los perfiles?
¿Qué filtros aseguran capacidad real?
¿Cómo se evita la captura política o económica de las campañas?
¿Está la ciudadanía en condiciones —y con la información suficiente— para asumir ese rol?
Y la más incómoda de todas:
¿Qué pasa si el sistema, aun con candados, empieza a fallar?
Porque reformar es relativamente sencillo. Corregir, casi nunca lo es.
A guisa de remate: Entre la obligación… y la evidencia
La reforma judicial en Querétaro es, en el fondo, un ejercicio de equilibrio. Pero también un espejo.
En él se refleja un modelo federal cuestionado, un bloque político incapaz de sostener una posición unificada y un estado que intenta no pagar los costos de decisiones que no tomó.
Porque cuando ni siquiera quienes impulsan una reforma logran defenderla en bloque, el problema no es de comunicación: es de fondo.
Querétaro, por ahora, parece haber entendido esa diferencia.
Falta ver si, en la implementación, logra sostenerla.
Porque al final —y esto conviene no perderlo de vista— no se trata solo de cambiar las reglas.
Se trata de no perder lo que sí funciona en el intento.
