Durante demasiados años, en Querétaro la participación ciudadana fue una de esas grandes promesas que aparecen en las leyes, en los discursos políticos y en las campañas electorales, pero que rara vez llegan a convertirse en una herramienta real de poder para la ciudadanía.
Hoy algo está cambiando.
La nueva Ley de Participación Ciudadana, aprobada por la LX Legislatura y publicada el 14 de febrero de 2025, comenzó a transformar una vieja realidad: aquella en la que los gobiernos decidían prácticamente todo y la ciudadanía era convocada, en el mejor de los casos, solamente para escuchar, aplaudir o votar cada tres años.
Uno de los mecanismos más interesantes que comienza a tomar forma es el presupuesto participativo.
Y hay que decirlo con todas sus letras: democratizar el presupuesto significa democratizar el poder.
En el municipio de Querétaro se destinó una bolsa de 106 millones de pesos para este ejercicio. La ciudadanía presentó proyectos de obras pequeñas, acciones y proyectos comunitarios. Posteriormente, un Consejo Ciudadano revisó su viabilidad, entre otros aspectos, para verificar que no rebasaran los montos establecidos y que las obras pudieran realizarse en terrenos municipales y como obra pública.
Ahora estamos en la etapa más importante: la ciudadanía vota.
Del 31 de agosto al 4 de septiembre, las personas podrán decidir cuáles de los proyectos que superaron los filtros deben avanzar. Después vendrá el ranking de los más votados y, finalmente, la ejecución.
Aquí está la diferencia fundamental.
No es un funcionario decidiendo qué quiere la colonia.
No es un partido político diciendo qué necesita la comunidad.
No es una organización civil solicitando un recurso.
Es la ciudadanía proponiendo y votando qué hacer con una parte del dinero público.
Y eso, políticamente, es enorme.
Porque el presupuesto no es propiedad de los gobiernos. El presupuesto es dinero de la sociedad administrado por el gobierno.
Por eso el presupuesto participativo no debería verse como una dádiva de ningún presidente municipal, como un programa de gobierno o como una estrategia de comunicación política.
Es un derecho de participación ciudadana que debe convertirse progresivamente en una práctica institucional permanente.
Y aquí viene la parte incómoda.
¿Por qué solamente algunos municipios están avanzando en esta dirección?
En este primer ejercicio, Querétaro y San Juan del Río contemplaron recursos para este mecanismo. ¿Y los demás municipios?
La nueva Ley de Participación Ciudadana abrió la puerta. Ahora corresponde a los ayuntamientos cruzarla.
Porque sería un grave error que el presupuesto participativo se convierta en un mecanismo disponible solamente donde un gobierno municipal tenga la voluntad política de implementarlo.
La participación ciudadana no puede depender de quién ocupa la presidencia municipal.
Los derechos no pueden depender de la voluntad de los gobernantes.
Si un municipio tiene recursos para obra pública, tiene recursos para servicios, tiene recursos para comunicación institucional y tiene recursos para programas propios, también debería preguntarse cuánto está dispuesto a poner directamente en manos de la ciudadanía para que decida.
Y esto no significa entregar cheques.
De hecho, el modelo implementado en el municipio de Querétaro tiene una característica importante: los recursos no se transfieren directamente a organizaciones de la sociedad civil. Son las propias dependencias municipales las encargadas de ejecutar los proyectos ganadores.
Esto permite mantener la responsabilidad institucional sobre el gasto y puede facilitar la fiscalización.
Pero también abre una obligación: transparencia total.
La ciudadanía no solamente debe votar.
Debe poder saber cuánto costará cada proyecto, quién lo ejecutará, cuándo comenzará, cuándo terminará y cuánto se gastó realmente.
Porque si vamos a democratizar la decisión sobre el dinero público, también debemos democratizar la información sobre ese dinero.
Y aquí tenemos una enorme oportunidad para construir algo mucho más grande.
La academia puede evaluar los resultados.
Las organizaciones de la sociedad civil pueden acompañar y vigilar.
El sector productivo puede aportar capacidades técnicas.
Y los gobiernos pueden garantizar que las decisiones ciudadanas se conviertan en políticas públicas.
Eso es, justamente, la Cuádruple Hélice funcionando en la vida real.
Querétaro tenía alrededor de 12 años con una legislación anterior de participación ciudadana que prácticamente no se utilizaba.
Ahora tenemos mecanismos que comienzan a ponerse en práctica.
Eso demuestra algo que deberíamos recordar cada vez que alguien dice que las leyes no sirven:
una buena ley puede cambiar la relación entre gobierno y ciudadanía.
Pero una ley no cambia nada por sí sola.
Necesita presupuesto.
Necesita reglamentos.
Necesita instituciones.
Necesita ciudadanía organizada.
Y, sobre todo, necesita voluntad política para que los derechos escritos se conviertan en derechos ejercidos.
Por eso el siguiente reto no es solamente que los proyectos de este año se ejecuten correctamente.
El siguiente reto es que más municipios presupuesten para la participación ciudadana.
Y después, que los montos aumenten.
Y después, que los mecanismos mejoren.
Y después, que la ciudadanía exija resultados.
Porque si solamente votamos proyectos y después olvidamos vigilar su ejecución, habremos avanzado solamente la mitad del camino.
El presupuesto participativo puede ser una de las herramientas más poderosas para recuperar la confianza en las instituciones.
Pero para lograrlo debemos entender algo:
la ciudadanía no está pidiendo permiso para participar. La ciudadanía está ejerciendo un derecho.
El gobierno no está regalando dinero.
Está administrando recursos públicos.
Y los ayuntamientos no deberían preguntarse si quieren abrir espacios de participación.
Deberían preguntarse cuánto poder están dispuestos a compartir con la ciudadanía.
Ese es el verdadero desafío político.
Porque cuando una persona propone una obra para su colonia, consigue que sea técnicamente viable, logra que pase los filtros y después obtiene los votos suficientes para que se realice, ocurre algo que va mucho más allá de construir un parque, pintar un espacio público o mejorar una calle.
Esa persona descubre que su voz puede convertirse en presupuesto y su propuesta puede convertirse en una realidad.
Y cuando la ciudadanía descubre eso, la democracia cambia.
Ya no se trata solamente de votar por quienes gobiernan.
Se trata de comenzar a decidir cómo gobiernan y en qué se gasta nuestro dinero.
Ahí empieza la verdadera participación ciudadana.
Y ahí, también, empieza una democracia mucho más incómoda para los gobiernos.
Una democracia donde la ciudadanía no solamente observa.
Propone. Decide. Vigila. Y exige.
