El pasado 9 de junio, el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico ingresó formalmente ante la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro una propuesta para fortalecer la nueva reforma electoral que actualmente se encuentra en discusión.
La propuesta es sencilla, pero históricamente relevante: incorporar una diputación de representación proporcional por acción afirmativa para los cuatro grupos de atención prioritaria que nunca han tenido representación política en Querétaro, ni en el Congreso del Estado ni en los ayuntamientos de los dieciocho municipios de la entidad. Nos referimos a las personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y de género (LGBTIQ+), personas afromexicanas y personas migrantes.
La discusión de una nueva reforma electoral para Querétaro representa una oportunidad para actualizar las reglas del juego democrático. Pero también obliga a responder una pregunta incómoda: ¿quiénes siguen sin estar sentados en la mesa donde se toman las decisiones?
La iniciativa presentada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro constituye un esfuerzo importante para modernizar nuestro marco jurídico. Sin embargo, deja pendiente uno de los grandes desafíos de nuestra democracia: la representación efectiva de las personas históricamente excluidas.
En Querétaro existen seis grupos de atención prioritaria reconocidos por nuestra Constitución local. De ellos, dos —personas jóvenes y personas mayores— han logrado acceder a cargos de representación popular gracias a los mecanismos internos de los partidos políticos. Pero hay otros cuatro grupos que nunca han tenido esa posibilidad.
No estamos hablando de una percepción. Estamos hablando de una exclusión histórica.
Por ello, el debate no debe centrarse en si estos grupos “merecen” o no una acción afirmativa. La verdadera discusión consiste en determinar si una democracia puede considerarse plenamente representativa cuando existen sectores completos de la población que permanecen permanentemente ausentes de los espacios de decisión.
Este debate tampoco es nuevo.
En 2024, diversas organizaciones de la sociedad civil, acompañadas por fuerzas políticas y a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, impulsamos una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la reforma electoral aprobada en ese momento. La Corte determinó que no se habían realizado las consultas necesarias a los grupos de atención prioritaria involucrados.
Aquella resolución dejó una enseñanza clara: las reformas que afectan derechos no pueden construirse sin escuchar a las personas titulares de esos derechos.
Por eso, además de la propuesta sobre diputaciones, el Frente Queretano solicitó a la Legislatura la apertura de mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y planteó la necesidad de establecer criterios claros para las acciones afirmativas en regidurías y sindicaturas.
Existe además un argumento difícil de ignorar.
Querétaro ya reconoció que existen exclusiones históricas que requieren medidas especiales de corrección. La creación de la diputación indígena es prueba de ello. Esa decisión permitió abrir las puertas del Congreso a una población históricamente invisibilizada y fortaleció nuestra democracia, desde la LX legislatura.
Si aceptamos que la acción afirmativa indígena responde a un principio de igualdad sustantiva, entonces la misma lógica debería aplicarse a otros grupos que comparten una historia semejante de exclusión política.
La propuesta del Frente Queretano es moderada y viable. No se solicitan cuatro diputaciones adicionales. Se plantea únicamente una segunda diputación plurinominal por acción afirmativa —además de la indígena, ya existente— que opere bajo un esquema rotativo entre personas con discapacidad, personas LGBTIQ+, personas afromexicanas y personas migrantes.
No se trata de crear privilegios. Se trata de abrir una puerta que nunca ha existido.
Las democracias modernas no se miden únicamente por la existencia de elecciones libres. También se miden por su capacidad de incorporar nuevas voces y de corregir desigualdades históricas.
Porque la representación no es un favor que concede el poder. Es un derecho.
Y porque una democracia que siempre escucha a los mismos termina hablando únicamente consigo misma.
La democracia no se debilita cuando incorpora nuevas voces; por el contrario, se fortalece cuando ninguna persona o comunidad permanece permanentemente excluida de la representación política.
